La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo ha vuelto a hacer. El organismo ha volcado sus demandas contra el gobierno gallego y castellano leonés ante los tribunales mediante un recurso contencioso administrativo que presentó la semana pasada.
La CNMC, la institución que vela por la libre competencia entre mercados y empresas para el bien del consumidor, considera que los decretos sobre la vivienda y apartamentos turísticos de Galicia y Castilla y León plantean obstáculos injustificados que cargan contra los principios de competencia y regulación económica eficaz.
En abril y mayo, la CNMC cargó por primera vez contra el Decreto 12/2017 en Galicia y el Decreto 17/2017 en Castilla y León, respectivamente. Los recursos interpuestos ante ambas administraciones cayeron en saco roto cuando el gobierno gallego y el castellano leonés no realizarón modificación alguna.
Dichas acciones, pretendían enfatizar la necesidad de cambiar ciertos criterios de ambos decretos. Sin embargo, durante el tiempo transcurrido desde entonces, el Gobierno de Galicia y el de Castilla y León no han modificado o suprimido los artículos que, según la Comisión, establecen regulaciones injustificadas que frenan un desarrollo económico eficiente del alquiler vacacional como industria.
No es la primera vez que la CNMC impulsa acciones legales contra gobiernos autonómicos argumentando limitaciones en la libertad de comercio sobre algunos de los artículos de la regulación de la vivienda vacacional.
La Comunidad de Madrid en primer lugar y el restrictivo decreto canario posteriormente, han sido Administraciones que han modificado sus regulaciones tras el respaldo de la justicia ante los recursos presentados por la CNMC.
Para el decreto de Galicia, la CNMC entiende que requisitos como la completa cesión de la vivienda, un alquiler limitado a tres meses y el catálogo de requisitos técnicos que se deben incluir, entre otros, implican un conjunto de dificultades y problemas para el desarrollo eficiente de la actividad empresarial.
En el caso de Castilla y León, la CNMC argumenta que incluir criterios como la obligatoriedad de una asistencia telefónica de 24 horas, prohibir el alquiler por habitaciones o la posible intervención de la Administración para realizar recomendaciones en el precio de la vivienda son contraproducentes.
Prácticamente todas las regiones españolas cuentan con un decreto que regula de forma específica la actividad del alquiler vacacional. En alguno casos, tomando medidas con intención de limitar el número de plazas turísticas, como es el caso de las Islas Baleares. Además de su recién estrenada Ley de Turismo, el archipiélago acaba de incrementar el importe de su eco-tasa para tratar de limitar la sobreocupación turística.
A pesar de no ser una de las medidas más populares, la tasa turística es una idea que se contempla como una posible medida a instaurar en la Comunidad Valenciana y ciudades como Sevilla, Málaga o San Sebastián. En esta última, ya se ha comenzado a limitar el número de viviendas permitidas en el centro de la ciudad.